Funciones del Procurador de los Tribunales
El Procurador de los Tribunales, es un profesional liberal e independiente, Licenciado en Derecho. Su misión esencial se concreta en la representación de las partes ante los Órganos Jurisdiccionales y en el deber primordial de colaborar con los mismos, en la noble función pública de administrar Justicia.
También nos encargamos de tramitar oficios, mandamientos y exhortos por delegación del órgano judicial de forma que aceleramos la “maquinaria judicial”, reduciendo los tiempos de los procesos judiciales
Publicamos edictos y anuncios oficiales en los Boletines Oficiales, periódicos, etc.
Gestionamos y pagamos las tasas judiciales en representación de nuestros clientes. De igual forma actuamos con los depósitos exigidos para la admisión de los distintos recursos
Nos encargamos de la presentación de todos los escritos que elaboran los letrados.
En la tramitación del proceso judicial, un procurador elabora y presenta cuantos escritos sean necesarios en busca del impulso procesal preciso para evitar dilaciones en la tramitación del asunto
Diariamente, recibimos de los Juzgados las notificaciones dirigidas a nuestros clientes y las ponemos en manos del Abogado director del caso.
Nos encargamos de la vertiente procesal, efectuamos el cómputo de plazos y vencimientos, recordando al letrado los mismos, así como las fechas de las vistas, y cualesquiera otros hitos del procedimiento.
Además de nuestro deber para con nuestro cliente (vertiente privada), nuestra profesión tiene otra vertiente pública, en base a la cual tenemos el deber de colaborar con los órganos jurisdiccionales y, realizar personalmente las diligencias de notificación, emplazamiento y citación a la parte contraria por encargo de nuestro cliente y delegación del Juzgado.
Diariamente estamos en la sede judicial para, presentar los escritos y realizar todas las gestiones necesarias para el buen desarrollo del proceso judicial.
Nuestro contacto diario con los Tribunales nos hace ser los profesionales que mejor conocemos el funcionamiento y burocracia de los Juzgados.
De esta manera podemos decir que concurren en dicho profesional dos facetas: La pública, que desarrolla ante los Órganos Jurisdiccionales, y la privada, como representante de la parte a la que se vincula mediante un contrato de mandato. Por tal circunstancia y el hecho de desarrollar su actividad ante el Órgano Jurisdiccional, nuestros Estatutos (art. 11) establecen: «Es deber primordial del Procurador colaborar con los órganos jurisdiccionales en la noble función pública de administrar Justicia.» Su ejercicio se consagra en uno de los dos principios básicos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que separa en dos profesionales diferentes la defensa y la representación, estableciendo la exclusividad de la primera para la Abogacía y la segunda para la Procura. La explicación de que al Procurador se le confíe con exclusividad la representación, se encuentra en las mismas características que el legislador le ha impuesto como de obligado cumplimiento para ejercer la profesión. Por estos requisitos, precisamente, está vinculado al Órgano Jurisdiccional. Con respecto al resto de normas de riguroso cumplimiento, destaca la responsabilidad que comporta, «hacer lo que requiera la naturaleza del negocio cuando no tenga instrucciones o no fueran suficientes las emitidas por el mandante». Al mismo tiempo, los procuradores, están autorizados para valerse de Oficiales Habilitados, los cuales deberán reunir las condiciones exigidas por la legislación.
Ejerce la representación en la mayoría de procesos judiciales, incluso en los que no es preceptivo. Se responsabiliza, como se ha indicado antes, de las costas del pleito. Participa de forma activa en todos los actos y diligencias que se desarrollan; significar que en muchos casos son los letrados quienes, con unas instrucciones de principio, dejan en la confianza del procurador todos los trámites, y ellos se limitan a intervenir en los recursos, escritos o actos exigidos por la misma ley. Esto hace que el procurador asuma y controle todas las actividades de prueba, de ejecución, los embargos, los aseguramientos, los lanzamientos, las valoraciones, las subastas, etc., sin contar el ejercicio de los actos que conducen al buen litigio, o los de comunicación, de los cuales responde personalmente, tanto si dispone de fondos como si no.
